Aprovechando una franquicia aduanera para chilenos que han residido en el extranjero, 41 vehículos de alta gama fueron ingresados fraudulentamente al país a través de la presentación de documentación falsa. Son más de 70 personas las que serán formalizadas por participar en estos hechos.
Una investigación que ya lleva ocho meses a cargo de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Tarapacá y la Brigada de Criminalista de Iquique, permitió desarticular una banda delictiva que se dedicaba a obtener en forma fraudulenta un beneficio tributario que permite ingresar vehículos extranjeros usados al país.
Este beneficio, conocido como Partida 00.33, es una franquicia que favorece a los ciudadanos chilenos que hayan permanecido en el extranjero por 18 meses para que a su retorno definitivo al país, puedan ingresar por una sola vez, un vehículo extranjero y usado haciendo excepción a la regla general de prohibición de importación de vehículos usados.
“La investigación logró determinar que se trataba de un grupo de personas que ingresaban vehículos bajo el amparo de la Partida 00.33, lográndose identificar a 71 personas que participaron de estos hechos, de las cuales 10 tienen órdenes de detención y otras 61 fueron citadas a audiencia en enero. Entre los imputados hay beneficiarios de esta partida que vendieron su cupo, otras personas que adquirieron los vehículos sin cumplir con los requisitos, y los tramitadores que entregaron documentación falsa para obtener los móviles”, explicó el fiscal a cargo del caso, Eduardo Ríos.
Hasta la fecha hay 41 vehículos incautados desde Antofagasta hasta la Séptima Región y su avalúo supera los 500 millones de pesos.
El Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, junto jefe de la I Región Policial de Tarapacá, prefecto inspector Cristian Muñoz, destacaron el trabajo investigativo que permitió no sólo recuperar estos vehículos, sino también identificar todos los eslabones de la cadena que permitía concretar el ilícito.
Los delitos que se imputarán son el de contrabando y el de falsificación de instrumento público, y se confirmó que todos los imputados son chilenos, con residencia en distintas regiones del país y que no hay funcionarios públicos involucrados.
El Director Regional de Aduana, Dennys Beltrand, indicó que en diciembre de 2015 Aduanas detectó una usurpación de nombre en Viña del Mar y “luego de una serie de pesquisas, en agosto de 2016 presentamos una querella contra una serie de personas, lo cual permitió ampliar la investigación y desarrollar una línea de trabajo con la Brigada de Investigación Criminal de la PDI que ha tenido los resultados que hoy vemos”.
En Septiembre del año pasado el Ministerio de Interior presentó una querella en este caso contra todos quienes resulten responsables. Al respecto, el Gobernador Provincial Francisco Pinto valoró el trabajo conjunto de la Fiscalía, Aduanas y de la PDI “para enfrentar de manera coordinada la persecución integral de los delitos”.
