El acusado simuló la venta de casi 91 mil cartones de cigarrillos, con el objeto de ocultar la salida ilegal de esa mercadería desde Zona Franca, obviando el pago de los aranceles aduaneros.
Por su participación en la venta ilegal desde Zona Franca de 90.900 cartones de cigarrillos, con el correspondiente perjuicio fiscal por aranceles aduaneros ascendiente a 790 millones de pesos; fue condenado el imputado Eduardo Gálvez Rojas, tramitador aduanero, a la pena de 600 días de presidio, como autor de un delito de contrabando.
El juicio oral fue llevado adelante por el fiscal de Iquique Eduardo Ríos, junto a los abogados querellantes del Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas, quienes con la prueba presentada lograron que se diera por acreditado que en diciembre del año 2012, la importadora Doña Inés Ltda. ingresó al país 50 mil cartones de cigarrillos marca Admiral y 40.900 marca Fox, con un valor aduanero de $93 millones.
En marzo del año siguiente, el imputado, junto a la representante de la empresa usuaria de Zona Franca Comercializadora Acuario S.A. solicitaron el traspaso de esa mercadería con las correspondientes facturas de traspaso y notas de venta, lo que fue autorizado por Aduanas. Sin embargo, a fines de ese mismo mes, cuando funcionarios de Aduanas concurrieron hasta el domicilio donde debían estar almacenados los cigarrillos, sólo se encontraron con envases vacíos.
Los funcionarios de Aduanas, SII y de la Policía de Investigaciones que declararon en el juicio dieron cuenta que la documentación presentada para el traspaso de la mercadería en verdad formaron parte de una simulación de una operación aduanera que permitió ocultar la real operación, esto es, vender y extraer ilegalmente desde Zona Franca los casi 91 mil cartones de cigarrillos, con el correspondiente perjuicio fiscal por aranceles aduaneros ascendiente a 790 millones de pesos
Incluso en el juicio se logró probar que la intervención de la representante legal de Comercializadora Acuario fue a petición del propio imputado, quien le pagó una suma de dinero con el objeto que facilitara su nombre, firma y representación para simular que se efectuaba una compraventa real.
Al terminar el juicio, el tribunal oral en lo penal de Iquique resolvió condenar Eduardo Gálvez Rojas a la pena de 600 días de presidio y multa de $18 millones como autor del delito de contrabando.
