De acuerdo a las primeras diligencias realizadas por la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, el imputado habría estado manipulando un arma de fuego al interior de su pieza, cuando se le disparó hiriendo a la víctima.
Por cuasidelito de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego fue formalizada la investigación en contra del menor de edad S.M.B., de 17 años de edad, quien habría sido el autor del disparo que hirió de muerte a su primo J.P.I.B., de 11 años de edad.
De acuerdo a lo relatado en la audiencia de control de detención por la fiscal (s), Alejandra Gálvez, los hechos habrían ocurrido cerca de las 23:00 horas de anoche, cuando el imputado en compañía de la víctima que era su primo, y al interior del domicilio que compartían ambos en Iquique, manipuló un arma de fuego tipo revólver calibre 38, percutándolo e impactando al menor a la altura del párpado, lo que le ocasionó la muerte.
La Fiscalía señaló que el imputado entregó dos versiones iniciales diferentes: una en la que afirmaba que el disparo vendría desde el exterior de la casa, y una segunda, donde entregó el arma que tenía guardada y señaló que la misma víctima se habría disparado al manipularla. Solamente después que las diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones demostraran ciertas inconsistencias de estos relatos, el menor habría confesado que él manipulaba el arma cuando se le disparó accidentalmente, hiriendo a su primo, y que este revólver lo habrían encontrado días atrás en el patio de la casa y él lo guardó en su pieza.
La Fiscal indicó que el peritaje químico realizado por la PDI estableció preliminarmente que el imputado tenía rastros de pólvora en sus manos, lo que sería coincidente con la versión entregada. Además, la persecutora dio cuenta que el imputado tenía una condena por el delito de receptación y una suspensión condicional del procedimiento por un robo por sorpresa.
Pese a que la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario total del imputado con la obligación de asistir al colegio, el juez de garantía no acogió tal petición y decretó sólo la medida cautelar de sujeción a la vigilancia del Sename y arraigo regional.
Se fijó un plazo de investigación de 120 días, en el cual la Fiscalía con la PDI realizarán los peritajes correspondientes para determinar con exactitud cómo habrían ocurrido los hechos, así como la procedencia del arma encontrada.
