8 mayo, 2022
La entrega del borrador de la nueva Constitución, validado por el pleno de la Convención en mayo de 2022, marca un hito importante en la historia política chilena. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. A pesar de los avances en términos de representatividad y paridad, el texto preliminar evidencia una preocupante inclinación hacia el exceso ideológico, un lenguaje innecesariamente inclusivo que entorpece la comprensión general, y una estructura que genera más dudas que certezas.
Uno de los aspectos más cuestionados es la exageración en el uso del lenguaje inclusivo. Que la institucionalidad esté compuesta por un “Congreso de Diputadas y Diputados” o una “Cámara de las Regiones” con criterios paritarios y plurinacionales puede parecer, en principio, un gesto de justicia lingüística. Pero cuando se repite ad nauseam y se acompaña de términos altamente politizados y de difícil comprensión, el efecto es contraproducente: se aleja a la ciudadanía del texto y siembra confusión en lugar de inclusión.
Según la encuesta Plaza Pública de Cadem publicada en abril de 2022, el 46% de los encuestados señaló que votaría en contra de la propuesta constitucional, frente a un 37% que apoyaría su aprobación, reflejando un creciente rechazo. A esto se suma que la confianza en la Convención Constitucional llegó a un mínimo histórico del 41%, en contraste con un 57% de desconfianza generalizada. No se trata sólo de cifras: se trata de señales claras de una desconexión profunda entre lo que la ciudadanía espera y lo que el órgano constituyente ha entregado.
Las normas votadas en esta etapa incluyen el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones, la obligatoriedad del voto a partir de los 18 años, escaños reservados para pueblos originarios en un distrito nacional único y la integración paritaria de los órganos legislativos. Son cambios profundos que, bien articulados, podrían tener un impacto positivo. Sin embargo, cuando se construyen sin un lenguaje ciudadano, con dogmas antes que con consensos, se corre el riesgo de que lo “nuevo” no sea necesariamente mejor.
La inclusión y la representación deben ser principios orientadores, no herramientas retóricas vacías. El riesgo de transformar una Constitución en un manifiesto político-ideológico es alto. Las naciones no se sostienen sobre consignas, sino sobre pactos amplios, comprensibles y sostenibles.
Chile necesita una Constitución moderna, clara, accesible y que represente a todos. No un documento que requiera un glosario de términos ideológicos ni que parezca redactado desde las trincheras de una guerra cultural. Porque, al final del día, lo que está en juego no es la agenda de una generación, sino el futuro de todas.
Rodrigo A. Longa T.
