9 junio, 2022
La reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) vuelve a poner el dedo en la llaga: la propuesta de nueva Constitución no termina de convencer a la ciudadanía. Con un 25% de respaldo al Apruebo y un 27% al Rechazo, el dato más inquietante no es la estrecha diferencia, sino el silencio de la mayoría: un 37% declara no saber aún qué votar y un 11% no responde. Más de un 48% del país se encuentra en un limbo democrático que no debería subestimarse.
Este nivel de indecisión no es menor y deja al descubierto un problema de fondo: la propuesta constitucional no logra inspirar confianza ni generar un consenso ciudadano amplio. No se trata solo de un déficit comunicacional, sino también de una serie de señales contradictorias, de un lenguaje confuso y una redacción cargada de símbolos ideológicos que alejan al texto de su promesa fundacional: unir al país.
La misma Carmen Le Foulon, investigadora de la CEP, fue clara al señalar que “la diferencia entre el Apruebo y el Rechazo no es estadísticamente significativa”, lo que traduce en simple que el país está dividido y, peor aún, poco convencido.
¿Qué implica esto? Que la ciudadanía siente que esta propuesta no le habla a todos. Que las decisiones sobre el reemplazo del Senado, la plurinacionalidad, o la reestructuración del sistema político no han sido del todo comprendidas, discutidas ni asimiladas. Y no se trata de estar a favor o en contra del cambio constitucional, sino de cómo se propone ese cambio y si efectivamente mejora la vida de las personas.
El gran desafío de este proceso constituyente no era solo redactar un texto, sino construir un nuevo pacto social. Un contrato común que, más allá de banderas políticas, representara las aspiraciones de una ciudadanía diversa, cansada de la exclusión, pero también crítica frente a los excesos.
Si a pocas semanas del plebiscito más del 40% de la población sigue sin decidirse, no estamos ante una señal de indiferencia, sino de desconfianza. No es que la gente no quiera participar: es que no siente que el texto les pertenezca.
Mientras la élite constituyente celebra el cumplimiento de sus plazos y la “transversalidad” de algunos artículos, la ciudadanía espera respuestas claras, certezas jurídicas y, sobre todo, un relato común que los incluya. Porque una Constitución puede ser jurídicamente impecable, pero si no es políticamente legítima ni socialmente abrazada, simplemente no cumplirá su misión.
Rodrigo A. Longa T.
