18 diciembre, 2022
En una reunión reciente con el presidente Gabriel Boric, los rectores de las universidades estatales, representados por Alberto Martínez, rector de la Universidad Arturo Prat (UNAP), expusieron las persistentes dificultades económicas que enfrentan las 18 universidades del Estado de Chile. Estos problemas fueron detallados ante el presidente y los ministros de Educación, y aunque se acordó una agenda de trabajo conjunta con la Subsecretaría de Educación Superior, la pregunta sigue siendo la misma: ¿es suficiente lo que se está ofreciendo para resolver los problemas estructurales que aquejan a estas instituciones?
Las universidades estatales de Chile, encargadas de la formación de un gran número de profesionales, especialmente aquellos de sectores menos favorecidos, se encuentran atrapadas en una crisis financiera que las limita a ofrecer educación de calidad. A pesar de ser un pilar fundamental para la movilidad social y el desarrollo de la educación superior en el país, estas universidades han estado históricamente subfinanciadas. Según cifras del propio CUECH, el financiamiento estatal cubre solo un porcentaje reducido de sus necesidades reales, obligándolas a recurrir a fondos propios o a endeudarse, lo cual repercute directamente en su capacidad de ofrecer una educación de calidad.
En la reunión con Boric, Martínez destacó la importancia de un mayor financiamiento y de soluciones políticas que vayan más allá de las promesas. Y es que, a pesar de la voluntad política manifestada por el presidente, lo que realmente está en juego es la capacidad del Estado para destinar los recursos suficientes para que las universidades públicas puedan competir en términos de infraestructura, investigación y, sobre todo, en la calidad de la enseñanza que ofrecen. A pesar de las buenas intenciones expresadas, la falta de una inversión sostenida en estas instituciones sigue siendo el talón de Aquiles del sistema educativo público chileno.
Las soluciones propuestas por los rectores van más allá de simples incrementos en los presupuestos: buscan una reestructuración del modelo de financiamiento que permita a las universidades estatales planificar a largo plazo, sin la incertidumbre anual de los presupuestos fluctuantes. No basta con destinar recursos extra en años particulares; es necesario un sistema estable y predecible que garantice la equidad entre las universidades del Estado y las privadas, que, a pesar de ser menos numerosas, cuentan con un respaldo económico mucho mayor.
El compromiso de Boric con la educación pública es innegable, pero la historia reciente muestra que los compromisos políticos deben ir acompañados de acciones concretas. La agenda de trabajo que se inicia con la Subsecretaría de Educación Superior es un paso, pero la clave será su implementación efectiva. No podemos permitir que el tema del financiamiento quede relegado a una discusión de buenas intenciones y promesas que no se materializan.
Al final del día, las universidades del Estado no son solo instituciones educativas; son motores de desarrollo social, cultural y económico. Si no se les brinda el apoyo necesario, los estudiantes que dependen de ellas continuarán enfrentando barreras para acceder a una educación de calidad. Así, la deuda del Estado con sus universidades persiste, y el tiempo de las promesas ya pasó. La solución es urgente, y debe ser tan clara como la educación pública misma: inversión y compromiso real para garantizar que las universidades del Estado puedan cumplir con su rol esencial en el país.
Rodrigo A. Longa T.
