21 febrero, 2023
La crisis migratoria que golpea a la Macrozona Norte no es nueva. Tampoco lo es la sensación de abandono que sienten sus habitantes. Lo que sí resulta inaceptable es la persistente inacción del Ejecutivo frente a compromisos asumidos públicamente, como la implementación de la Ley de Infraestructura Crítica, aprobada en el Congreso hace más de un mes, y cuyo despliegue operativo en la zona fronteriza fue prometido para febrero. Ya finalizado ese mes, el norte sigue esperando.
El diputado Renzo Trisotti, representante de la región de Tarapacá, ha levantado la voz –una vez más– para exigir al Gobierno que cumpla con lo que prometió: dotar de presencia militar efectiva y con atribuciones a los puntos más críticos de ingreso irregular, como Colchane, Cariquima, Isluga y Mauque, donde el ingreso ilegal, el tráfico de personas y el crimen organizado no solo continúan, sino que se intensifican.
Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, durante 2022 ingresaron al país más de 56.000 personas de manera irregular, la mayoría por pasos no habilitados en la región de Tarapacá. A esto se suma que, según datos del Ministerio del Interior, más del 70% de los ingresos clandestinos del país se concentra precisamente en la Macrozona Norte. ¿Qué más necesita el Ejecutivo para actuar?
El uso de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica, como las fronteras nacionales, no es una opción extrema ni inconstitucional: es una medida legalmente aprobada y socialmente respaldada. Distintas encuestas, como CADEM, muestran que más del 80% de los chilenos apoyan el uso de militares en labores de control fronterizo, especialmente ante la ola de inseguridad asociada al ingreso ilegal.
Pero más allá del respaldo ciudadano, lo que está en juego es la seguridad de quienes viven en esta parte del país. Comunidades como las de Colchane, donde se han reportado aumentos de delitos violentos, robos y tráfico de drogas, no pueden seguir siendo la primera línea de contención sin apoyo real del Estado. No se trata de criminalizar la migración, sino de ordenarla y proteger a las personas, tanto migrantes como residentes, de las mafias que lucran con la vulnerabilidad humana.
El Gobierno ha defendido la necesidad de aplicar esta ley de manera “planificada”, pero la realidad no da tregua. Cada día que pasa sin una implementación efectiva es un día más de abandono, un día más donde gana la delincuencia organizada y donde se debilita la autoridad del Estado.
No se trata solo de decretar el uso de militares, sino de dotarlos de atribuciones claras y precisas, extender su acción más allá de los 10 km establecidos por norma, y coordinar su labor con las policías y organismos civiles. Tampoco basta con promesas mediáticas. El norte de Chile, que ha sido solidario, resiliente y firme, merece acciones concretas ahora, no mañana.
Si el Gobierno no actúa con la celeridad que prometió, no solo estará incumpliendo su palabra, sino comprometiendo la seguridad nacional y la confianza de los ciudadanos. La frontera no puede seguir siendo tierra de nadie. La ley ya está. Lo que falta es voluntad. Y eso, en política, es lo más grave.
Rodrigo A. Longa T.
