28 enero, 2024
La secretaria de Estado recalcó que quienes hayan sufrido pérdida de globo ocular continuarán con sus pensiones, sin importar si cuenten con antecedentes.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, visitó este domingo Mesa Central de Canal 13 donde se refirió a la polémica por la entrega de pensiones de gracia, a víctimas del estallido, que consideró a personas con antecedentes penales, incluyendo delitos por almacenamiento de pornografía infantil, homicidio y drogas, entre otros.
La secretaria de Estado calificó todo como una «situación indignante» y precisó que el proceso fue «mal concebido».
«Se formularon (las pensiones de gracias) para entregar una reparación a las personas que sufrieron graves daños durante el estallido y que esto termine en la discusión que estamos hoy día es porque ese proceso tuvo falencias», explicó.
En ese sentido, precisó que ya se definió que 25 de las pensiones de gracia se dejarán sin efecto.
Tohá también detalló que de las 408 pensiones de gracias entregadas por el Estado a víctimas de hechos ocurridos durante el estallido social 2019, son en total las que cuenta con antecedentes: «No es verdad que la mayoría tienen antecedentes penales», dijo.
Asimismo, recalcó que quienes hayan sufrido pérdida de globo ocular continuarán con sus pensiones, sin importar si cuenten con antecedentes.
«Cuando hay pérdida de globo ocular se va a mantener la pensión. No es un premio al mérito, no tiene que ver con que la persona es un buen ciudadano, tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida», explicó.
Oficio del INDH por pensiones de gracia del estallido social
Durante la entrevista también tuvo palabras al oficio enviado en 2022 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a La Moneda donde aseguraban que no podían seguir acreditando pensiones de gracia del estallido social y que, supuestamente, el gobierno no respondió.
Al respecto, Tohá recalcó que este oficio si fue respondido y explicó que lo sucedió fue con el INDH es que no se puede instruir al Estado que haga algo con dos leyes distintas.
«Ellos fueron mandatados en la ley, para hacer un procedimiento de revisión de afectaciones laborales pero al mismo tiempo había otra glosa que hablaba de afectaciones en el sentido amplio, no laborales. Entonces, el INDH dijo, esto cómo es», explicó.
«Ahora, mandatado por la ley, le corresponde hacerlo. Por eso, mientras estuvo vigente esa glosa, en el 2022, se tenía que aplicar la ley y así se hizo. Entonces, cuando el INDH mandó ese oficio hacia el Presidente, no es verdad que no se contestó», precisó.
