03, Junio 2026
La reciente decisión judicial de imponer prisión preventiva al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha generado una ola de reacciones en el espectro político y social de Chile. Formalizado por delitos de corrupción que supuestamente ocurrieron durante la pandemia de Covid-19, Jadue enfrenta una acusación que incluye estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. La medida cautelar dictada por la jueza Paulina Moya marca un hito en la política chilena y abre una serie de interrogantes sobre la imparcialidad de la justicia y el impacto político de esta decisión.
La jueza Moya fue enfática en su declaración: “Este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión”. Esta aseveración, aunque necesaria, no ha logrado disipar las sospechas de persecución política que algunos sectores han planteado. La imparcialidad del sistema judicial es fundamental para la confianza pública, y en este caso, la jueza trató de subrayar que su resolución se basaba únicamente en los hechos presentados por la fiscalía y los argumentos de la defensa.
Sin embargo, la detención de una figura tan prominente y polarizadora como Jadue no puede desligarse completamente del contexto político. Como presidente del directorio de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), Jadue ha sido una figura clave en iniciativas que han desafiado al sistema de salud y farmacéutico tradicional. Su encarcelamiento preventivo, según la fiscalía, se justifica por la gravedad de los delitos y el riesgo que su libertad representaría para la seguridad de la sociedad. No obstante, la medida ha sido percibida por algunos como excesiva y motivada por intereses políticos más que por una necesidad jurídica.
La acusación de fraude al fisco y cohecho, particularmente en el contexto de la pandemia, es seria y requiere una investigación exhaustiva. La fiscal Giovanna Herrera argumentó que Jadue utilizó fondos aprobados por el Concejo Municipal para saldar deudas de Achifarp, desviando recursos que deberían haber sido destinados a la compra de insumos médicos esenciales. Además, la fiscalía alega que Jadue solicitó “bonificaciones” a proveedores a cambio de contratos, lo cual constituye un claro abuso de poder si se demuestra su veracidad.
Desde la defensa, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, solicitó medidas cautelares menos severas, subrayando que su cliente no representa un peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Este argumento plantea una cuestión legítima sobre la proporcionalidad de la prisión preventiva, una medida que debería ser utilizada con cautela para evitar la percepción de una justicia punitiva anticipada.
El impacto de este caso trasciende lo judicial y se adentra en el terreno político. Los seguidores de Jadue y su gestión argumentan que esta acusación es un intento de desacreditar sus políticas progresistas y su liderazgo en el ámbito de la salud pública. En contraste, sus detractores ven en estos cargos una confirmación de la corrupción que ha lastrado su administración y un llamado a una mayor rendición de cuentas.
La situación de Jadue también resuena con otros casos de figuras políticas acusadas de corrupción en Chile, donde la confianza en las instituciones ha sido erosionada por escándalos recurrentes. La transparencia y la justicia deben ser la brújula que guíe estos procesos, asegurando que ninguna persona esté por encima de la ley, pero también que nadie sea víctima de una cacería de brujas política.
En conclusión, la prisión preventiva del alcalde Daniel Jadue plantea desafíos significativos tanto para el sistema judicial como para el panorama político de Chile. Este caso será una prueba de fuego para la capacidad del país de manejar la justicia de manera imparcial y de evitar que las decisiones judiciales se perciban como herramientas de persecución política. La justicia debe prevalecer, pero debe hacerlo con ecuanimidad y sin caer en la tentación de la parcialidad, garantizando así que todos los ciudadanos, sin importar su posición o afiliación, reciban un trato justo y equitativo.
Rodrigo A. Longa T.
