11, Julio de 2024
La reciente propuesta de reforma electoral en Chile, que contempla multas por el voto obligatorio, ha suscitado un debate acalorado en la esfera pública. El diputado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, no ha tardado en calificar la iniciativa como “antipobre”. Según Winter, esta medida no solo es injusta, sino que también penaliza a los sectores más vulnerables de la sociedad por no participar en el proceso electoral.
Winter plantea una pregunta crucial: ¿Quiénes son los que no votan? Y su respuesta es contundente: los pobres. Esta observación no solo desvela una realidad socioeconómica, sino que también cuestiona la efectividad y la justicia de imponer sanciones económicas a quienes no acuden a las urnas. En una sociedad donde las brechas de desigualdad son profundas, imponer multas a quienes no votan podría resultar en un castigo adicional para aquellos que ya enfrentan dificultades económicas.
El argumento de Winter se basa en la realidad cotidiana de muchos chilenos que, a pesar de trabajar arduamente, se encuentran excluidos del sistema político y económico. La narrativa que describe a los pobres como “flojos” es no solo simplista, sino también errónea. La verdad es que son precisamente los más desfavorecidos quienes suelen levantarse más temprano y trabajar más horas para ganarse la vida. Sin embargo, esta lucha diaria no se traduce necesariamente en una participación electoral activa.
La baja participación electoral no se debe a la pereza, sino a un descontento profundo con el sistema. Winter apunta al modelo neoliberal como el verdadero problema, un modelo que concentra la riqueza y el poder en manos de unos pocos, dejando a la mayoría marginada y desilusionada con la política. En este contexto, imponer multas por no votar es ignorar las causas subyacentes del problema y optar por una solución punitiva que solo agravará la situación.
El rechazo del proyecto de reforma electoral por falta de quórum en el Senado es un reflejo de la división política en torno a este tema. La decisión del gobierno de vetar el proyecto y trabajar en los detalles técnicos sugiere que el debate está lejos de terminar. Sin embargo, es fundamental que cualquier reforma electoral tenga en cuenta las realidades y necesidades de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables.
Obligar a los ciudadanos a votar bajo amenaza de multas puede parecer una solución fácil para aumentar la participación electoral, pero es una medida superficial que no aborda los problemas de fondo. En lugar de castigar a los pobres por no votar, deberíamos enfocarnos en entender por qué no quieren votar y trabajar para crear un sistema político más inclusivo y representativo.
El problema de la participación electoral en Chile no se resolverá con sanciones económicas. Necesitamos un enfoque más comprensivo y justo, uno que aborde las causas profundas de la apatía electoral y busque empoderar a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que se sienten excluidos del sistema. Solo entonces podremos construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
