13 julio, 2022
La detención en Países Bajos de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, reabre un debate incómodo pero urgente: ¿cómo es posible que una autoridad condenada por corrupción logre huir del país sin que el sistema judicial lo impida?
Rojo fue sentenciada a cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al fisco tras utilizar recursos públicos para pagar una asesoría política privada entre 2015 y 2016. Pese a la gravedad del delito y a una sentencia firme de la Corte Suprema, logró salir del país en marzo de 2022 y permaneció prófuga durante más de cuatro meses. No hablamos de un error administrativo: hablamos de una vergonzosa omisión del Estado.
Mientras miles de ciudadanos enfrentan el rigor de la ley por delitos menores, una autoridad pública pudo simplemente tomar un avión y desaparecer. La exalcaldesa no fue objeto de medidas cautelares oportunas y su salida del país ni siquiera fue advertida hasta que su ausencia fue evidente. ¿Qué mensaje se transmite con esto? Que si tienes poder, puedes eludir la justicia… al menos por un tiempo.
Chile registró en 2021 más de 23.000 causas vinculadas a delitos de corrupción pública, según datos del Ministerio Público. En este contexto, el caso Rojo no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante: la debilidad estructural de los mecanismos de control y sanción hacia autoridades corruptas.
Lo más grave es que la fuga de Rojo —y ahora su detención en Rotterdam tras una orden de captura internacional emitida por Interpol— demuestra una descoordinación institucional que no puede permitirse en un Estado de Derecho. ¿Dónde estuvo la alerta migratoria? ¿Por qué no hubo vigilancia efectiva?
Más allá del espectáculo mediático, esto debe marcar un punto de inflexión. La lucha contra la corrupción no puede depender de la presión pública o del escándalo. Debe basarse en procedimientos eficaces, en una institucionalidad robusta y en el compromiso inquebrantable de que nadie, absolutamente nadie, está por sobre la ley.
Si queremos restaurar la confianza ciudadana, este caso no debe terminar con una extradición silenciosa. Debe abrir una reflexión seria sobre cómo el sistema chileno enfrenta el delito desde las altas esferas del poder. Porque mientras no aseguremos que todos rindan cuentas —desde el primero hasta el último funcionario— la justicia seguirá siendo solo un ideal, no una realidad.
Rodrigo A. Longa T.
