16 noviembre, 2022
Treinta años después de su creación, el Consejo de Coordinación de Ciudades Puerto (CCCP) retoma actividades como si fuese un gran hito institucional. Pero que no nos confundan los titulares ni las buenas intenciones. Esta instancia, nacida en 1997 bajo la Ley N° 19.542 y que sesionó por primera y única vez en 2009, es un ejemplo evidente de cómo las herramientas para el desarrollo territorial muchas veces se quedan en el papel, navegando a la deriva en el mar de la burocracia.
Hoy se celebra su reactivación en Iquique, cuando el Puerto —estratégico para el comercio internacional, la Zona Franca y la cadena logística regional— enfrenta serios problemas estructurales: congestión vehicular, contaminación, precariedad de acceso y falta de planificación urbana. La ruta A-16 colapsa con el tráfico de camiones, generando conflictos con la vida urbana y la movilidad local. Y mientras se anuncia una “hoja de ruta clara”, lo concreto es que llevamos 13 años sin hoja, sin timón y sin capitán.
Según cifras de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, los puertos chilenos movilizaron en 2021 más de 126 millones de toneladas de carga, de las cuales más del 40% se concentró en cinco ciudades-puerto (Camport, 2022). Iquique representa una pieza clave en la cadena del Pacífico Sur, pero su infraestructura portuaria no ha crecido al ritmo del comercio internacional. La falta de inversión pública y de articulación entre los niveles de gobierno ha impedido un desarrollo integral, relegando a estas comunas a vivir las externalidades negativas —contaminación, congestión, deterioro urbano— sin recibir beneficios proporcionales.
Más allá del simbolismo de sentar a autoridades en una mesa, lo que se necesita con urgencia es acción efectiva: ejecución presupuestaria, planificación urbana integral, inversión en infraestructura verde y diálogo permanente con las comunidades que habitan las zonas aledañas al puerto. Los ciudadanos están cansados de ver cómo las instancias legales se activan solo en periodos políticos o para la foto protocolar, sin generar impactos tangibles en la calidad de vida de las personas.
Si queremos que Chile sea un país verdaderamente portuario, con ciudades vivas, limpias y bien planificadas, entonces el CCCP debe dejar de ser un “salón de promesas” para convertirse en un espacio resolutivo, con facultades reales, presupuesto asignado y cronogramas con plazos verificables. De lo contrario, será solo otro consejo que no zarpa.
Rodrigo A. Longa T.
