21 abril, 2026
Por: Rodrigo A. Longa Terán
La aprobación en la Cámara del proyecto conocido como “Escuelas Protegidas” abre una discusión que Chile venía postergando hace demasiado tiempo: ¿cómo recuperamos la autoridad dentro de los establecimientos educacionales sin transformar la escuela en un espacio de control permanente?
La pregunta no es menor. Durante años, profesores, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes han debido convivir con una realidad incómoda: la violencia escolar dejó de ser un episodio aislado y pasó a convertirse, en muchos casos, en parte del paisaje cotidiano de la educación chilena. Agresiones, amenazas, interrupciones de clases, porte de elementos peligrosos y pérdida progresiva de respeto por la autoridad docente han deteriorado el clima escolar y, con ello, el derecho básico a aprender.
En ese sentido, el proyecto responde a una demanda real. Nadie puede enseñar con miedo. Nadie puede aprender en medio de la intimidación. Ninguna comunidad educativa debiera normalizar que una sala de clases sea interrumpida por la fuerza o que un profesor deba enfrentar situaciones para las cuales no fue preparado ni contratado.
Sin embargo, el problema es más profundo que la sola revisión de mochilas. La seguridad escolar no puede reducirse a detectar objetos peligrosos ni a sancionar conductas graves. Eso puede ser necesario en determinados contextos, pero no suficiente. Una escuela protegida no es solo aquella que impide el ingreso de armas o elementos de agresión. También es aquella que cuenta con equipos psicosociales, convivencia escolar robusta, protocolos claros, apoyo a los docentes, participación de las familias y presencia activa del Estado.
El riesgo de este debate es caer en una falsa dicotomía: o se está a favor de la seguridad o se está a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa oposición es equivocada. La seguridad también es un derecho. Pero los derechos también son un límite frente a cualquier política pública que pueda derivar en arbitrariedades, discriminación o castigos desproporcionados.
Por eso, el segundo trámite en el Senado será clave. Allí debiera discutirse no solo la legitimidad de las medidas, sino también sus garantías: quién revisa, bajo qué condiciones, con qué capacitación, con qué registro, con qué resguardo para estudiantes con necesidades educativas especiales y con qué mecanismos de control para evitar abusos.
Particular atención merece la norma que impide acceder a gratuidad a estudiantes condenados por determinados delitos durante cinco años. La señal política es dura: el Estado no financiará con recursos públicos a quienes hayan cometido delitos graves. Pero también cabe una pregunta de fondo: ¿la educación superior debe ser parte del castigo o parte de la reinserción?
Esa discusión no puede darse con consignas. Requiere equilibrio. La violencia debe tener consecuencias, pero una política pública inteligente debe distinguir entre sanción, prevención y reinserción. Si el sistema solo castiga, pero no reconstruye trayectorias, puede terminar empujando a más jóvenes hacia la exclusión.
La escuela chilena necesita recuperar autoridad, sí. Pero una autoridad legítima, no meramente punitiva. Necesita reglas claras, pero también recursos. Necesita protección, pero también comunidad. Necesita orden, pero también sentido pedagógico.
El proyecto “Escuelas Protegidas” pone sobre la mesa una realidad que ya no podía seguir siendo ignorada. Pero su verdadero desafío no será aprobar normas más duras, sino construir escuelas donde la seguridad no sea una reacción desesperada, sino una condición permanente para educar en paz.
La pregunta final, entonces, no es si queremos escuelas protegidas. Todos las queremos. La verdadera pregunta es qué entendemos por proteger: ¿controlar después de la violencia o reconstruir antes de que la violencia se instale?
