Por: Rodrigo A. Longa T.
29, mayo 2026
La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser revisada por el Senado. La banca, el retail financiero y expertos advierten posibles efectos en créditos, tarjetas, depósitos a plazo y acceso al financiamiento.
Una indicación incorporada en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional abrió un intenso debate entre el mundo político, financiero y académico, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una modificación legal que busca prohibir el pago de intereses sobre intereses, práctica conocida como anatocismo.
La propuesta fue impulsada por el diputado Héctor Ulloa, de la bancada PPD-Independientes, y fue aprobada el pasado 20 de mayo con 79 votos a favor, 57 en contra y 17 abstenciones. En concreto, la indicación plantea reemplazar el artículo 9° de la Ley N° 18.010, eliminando la posibilidad de estipular el pago de intereses sobre intereses o su capitalización en cada vencimiento o renovación.
La discusión no es menor. Actualmente, la normativa permite que, en determinadas operaciones financieras, los intereses devengados puedan incorporarse al capital adeudado. Esto tiene efectos directos en productos como tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos con meses de gracia, postergaciones de cuotas, repactaciones y también en instrumentos de ahorro, como cuentas de ahorro o depósitos a plazo.
Una medida presentada como protección al deudor
Desde el oficialismo, el diputado Ulloa defendió la indicación señalando que la regulación del anatocismo responde a una demanda histórica y transversal. Según el parlamentario, la norma busca evitar que las familias queden sometidas a deudas que crecen de manera progresiva por efecto de la capitalización de intereses.
El argumento central de sus impulsores es que la prohibición permitiría avanzar hacia una mayor protección de los consumidores financieros, especialmente de quienes enfrentan dificultades para pagar sus obligaciones crediticias.
Sin embargo, la propuesta también generó reparos políticos. La diputada Constanza Hube, de la UDI, realizó reserva de constitucionalidad, argumentando que la indicación podría apartarse de las ideas matrices del proyecto de ley.
Preocupación en la banca y el retail financiero
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, manifestó preocupación por los alcances de la propuesta. Desde el gremio sostienen que la capitalización de intereses forma parte de la práctica financiera nacional e internacional, pues refleja el valor del dinero en el tiempo.
La industria advierte que una prohibición absoluta podría generar impactos relevantes en la oferta de productos financieros, especialmente en tarjetas de crédito, líneas de crédito, créditos con periodos de gracia y mecanismos de postergación de cuotas.
Una mirada similar expresó la Asociación del Retail Financiero, desde donde se planteó que el debate debe considerar no solo el efecto sobre los deudores, sino también sobre los ahorrantes y depositantes. Esto porque la capitalización de intereses también opera en favor de quienes mantienen instrumentos de ahorro que generan nuevos rendimientos con el paso del tiempo.
Expertos advierten eventuales efectos no deseados
Distintos especialistas han señalado que una prohibición total del anatocismo podría tener consecuencias sistémicas en el mercado del crédito. Entre los posibles efectos mencionados figuran mayores tasas de interés, exigencia de más garantías, rediseño de productos financieros y restricciones de acceso al crédito formal para consumidores de mayor riesgo, pequeñas empresas y sectores de menores ingresos.
El debate ahora pasará al Senado, instancia donde diversos actores han pedido revisar con mayor profundidad el alcance de la norma, sus efectos sobre contratos futuros y vigentes, y su interacción con otros mecanismos regulatorios ya existentes, como la Tasa Máxima Convencional, las normas de prepago, la fiscalización de la CMF y la protección del consumidor financiero.
La discusión instala una pregunta de fondo: cómo proteger efectivamente a los deudores sin generar un encarecimiento o restricción del crédito formal para quienes más dependen de él.
