07 mayo, 2026
Por Rodrigo A. Longa T. — Analista Político
La reunión entre Franco Parisi y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del quiebre del acuerdo entre el Partido de la Gente y el gobierno por la llamada megarreforma o Ley de Reconstrucción Nacional, no debe leerse únicamente como un episodio coyuntural de tensión legislativa. Desde la ciencia política, lo que se observa es una dinámica mucho más profunda: la dificultad de gobernar sin mayoría propia y la emergencia de actores pivote capaces de condicionar la agenda del Ejecutivo.
El PDG entendió rápidamente el valor de su posición. En un Congreso fragmentado, donde las mayorías no están garantizadas y donde cada votación relevante exige negociación, una bancada puede no ser mayoritaria y aun así tener poder decisivo. Ese parece ser el caso del partido liderado informalmente por Parisi. Sus votos no pesan solo por cantidad, sino por ubicación estratégica.
El conflicto visible está en la diferencia entre una devolución del IVA para medicamentos y pañales, como habría solicitado el PDG, y una bonificación o mecanismo focalizado, como habría ofrecido el Ejecutivo. Sin embargo, el trasfondo no es meramente técnico. En política, las formas importan tanto como el contenido. Para el PDG, una devolución del IVA puede ser presentada como una conquista concreta para la clase media. Un bono, en cambio, se comunica como una ayuda limitada, condicionada y administrada desde el Estado.
Ahí aparece el verdadero núcleo del problema: la confianza. El PDG acusa que el gobierno no cumplió su palabra. Cuando una bancada que resulta clave para aprobar una reforma siente que el acuerdo político no quedó reflejado en el texto legislativo, la negociación deja de ser programática y se transforma en una disputa de credibilidad. En un Congreso fragmentado, la confianza es un activo tan importante como los votos.
Franco Parisi, además, juega un rol particularmente interesante. No es diputado, no vota en la Cámara y no tiene un cargo formal dentro del Ejecutivo. Sin embargo, aparece como interlocutor político ante Hacienda y como ordenador de una bancada que, en teoría, debería actuar autónomamente. Eso revela una característica del PDG: funciona como partido parlamentario, pero también como proyecto personalista. Parisi no necesita estar en el hemiciclo para influir en la votación; le basta con mantener ascendencia política sobre quienes sí votan.
El gobierno, por su parte, enfrenta un dilema complejo. Si no cede, puede sufrir una derrota temprana en su reforma principal, debilitando la imagen de conducción y gobernabilidad. Pero si cede demasiado, puede abrir un flanco fiscal y político, especialmente considerando que una reforma de esta magnitud requiere coherencia presupuestaria, responsabilidad técnica y respaldo institucional.
Este es el clásico dilema de un gobierno con agenda ambiciosa, pero sin mayoría asegurada. Puede tener iniciativa, relato y urgencia legislativa, pero eso no basta si no cuenta con una coalición estable que sostenga sus proyectos. La política real comienza cuando el Ejecutivo descubre que no basta con ganar una elección: también hay que construir mayorías todos los días.
El escenario más probable no parece ser un quiebre definitivo. Más bien, todo indica que se abrirá espacio para una renegociación. El PDG necesita mostrar que consiguió algo concreto para justificar su eventual apoyo. El gobierno necesita evitar una derrota temprana. Por eso, lo más probable es una fórmula intermedia: mayor cobertura, compromiso escrito, rediseño parcial o una indicación que permita a ambas partes declarar victoria.
En el corto plazo, quien gana políticamente es Parisi. Logra instalar agenda, obliga al gobierno a negociar, tensiona al ministro de Hacienda y reposiciona al PDG como defensor de la clase media. El gobierno solo gana si consigue aprobar la reforma, pero incluso en ese caso quedará instalada una señal evidente: su mayoría no es propia, es prestada.
Y cuando una mayoría es prestada, cada voto tiene precio político.
La pregunta de fondo no es solo si la megarreforma será aprobada. La pregunta más relevante es quién fija las condiciones de esa aprobación. Porque en política, muchas veces el poder no está en quien presenta el proyecto, sino en quien tiene la capacidad de hacerlo avanzar o caer.
