24 abril, 2026
La entrada en vigencia de la ley que regula el uso de celulares en los establecimientos educacionales abrió una discusión necesaria, pero también incómoda: ¿estamos enfrentando el problema de fondo o solo estamos intentando ordenar, por decreto, una realidad que hace años se nos escapó de las manos?
El celular dejó de ser hace mucho tiempo un simple aparato de comunicación. Para miles de niños, niñas y adolescentes es agenda, cámara, calculadora, cuaderno, entretención, red social, medio de contacto familiar y, muchas veces, la única puerta de entrada al mundo digital. Por eso, regular su uso en los colegios no es una decisión menor. Toca hábitos, vínculos familiares, desigualdades tecnológicas, convivencia escolar y también derechos.
La ley tiene un propósito razonable: recuperar la atención en clases, mejorar la convivencia y reducir los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos móviles. Nadie podría negar que el celular se transformó en un factor de distracción permanente. Tampoco se puede desconocer su vínculo con problemas de concentración, conflictos entre estudiantes, exposición a contenidos inadecuados, ciberacoso y debilitamiento de la conversación cara a cara.
Pero una cosa es regular y otra muy distinta es improvisar.
Las primeras semanas de implementación han mostrado errores previsibles: colegios sin protocolos claros, reglamentos internos aún no actualizados, docentes sin capacitación suficiente, medidas aplicadas de manera desigual y confusiones graves entre restringir el uso del celular, solicitar su entrega voluntaria o revisar pertenencias personales. Este último punto es especialmente delicado, porque la regulación escolar no puede transformarse en una puerta abierta para prácticas que vulneren derechos de los estudiantes.
Una comunidad educativa necesita normas, pero también certezas. Si un estudiante no puede usar el celular, debe saber cuándo, por qué y bajo qué consecuencia. Si existe una excepción médica, pedagógica o asociada a necesidades educativas especiales, debe estar expresamente regulada. Si un docente debe intervenir ante un incumplimiento, debe contar con respaldo institucional. Y si un apoderado exige explicaciones, el colegio debe tener un procedimiento claro, no una respuesta improvisada.
El plazo para actualizar los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar hasta el 30 de junio de 2026 no debiera ser visto como una simple obligación administrativa. Es una oportunidad para que los establecimientos ordenen sus criterios y eviten que una buena intención termine convertida en conflicto permanente.
Porque el fondo del problema no está solo en el celular. Está en la incapacidad del sistema para formar ciudadanía digital. Hemos entregado tecnología sin acompañamiento, conexión sin criterio, pantallas sin educación emocional y redes sociales sin alfabetización crítica. Luego, cuando aparecen las consecuencias, respondemos con prohibiciones.
La prohibición puede ser necesaria en los primeros niveles. En educación parvularia y básica, especialmente hasta sexto básico, parece razonable establecer restricciones firmes. Pero en enseñanza media el desafío es distinto. Allí no basta con esconder el aparato. Hay que enseñar a usarlo. Hay que formar autorregulación, responsabilidad, criterio y conciencia de los efectos que produce estar permanentemente conectado.
El celular puede ser un problema en la sala de clases, pero también puede ser una herramienta pedagógica. La diferencia no está en el aparato, sino en el propósito, el contexto y la conducción docente. Usado sin control, distrae. Usado con sentido, puede apoyar el aprendizaje. Por eso, la discusión no puede quedar atrapada entre quienes quieren prohibir todo y quienes creen que cualquier límite es autoritario.
La escuela chilena necesita recuperar el control del aula, pero también debe preparar a los estudiantes para vivir en un mundo digital. Esa es la tensión central. No se trata de elegir entre educación y tecnología, sino de entender que hoy educar también implica enseñar a convivir con la tecnología.
La ley de celulares será exitosa solo si logra algo más que retirar pantallas de las manos. Debe ayudar a recuperar la atención, fortalecer la convivencia y formar estudiantes capaces de usar la tecnología sin quedar dominados por ella.
Porque el verdadero desafío no es que los estudiantes apaguen el celular durante la clase. El verdadero desafío es que aprendan cuándo encenderlo, para qué usarlo y cuándo tener la madurez de dejarlo guardado.
