31 de agosto 2026
“Chile Cuida a los Niños” propone intervenir antes de que las vulneraciones se transformen en crisis. El diagnóstico oficial revela un aumento de 42% en la demanda de las Oficinas Locales de la Niñez, casi cinco mil menores viviendo en residencias y más de 1.700 esperando atención psiquiátrica.
La protección de la infancia vuelve a instalarse como uno de los desafíos centrales para las políticas sociales del país.
Con cifras que evidencian una creciente presión sobre el sistema, el Gobierno presentó “Chile Cuida a los Niños”, una estrategia que pretende ordenar las políticas de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes entre 2026 y 2030.
El plan fue presentado por el Presidente José Antonio Kast junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, con una idea central: intentar que el Estado llegue antes.
Antes de que una dificultad familiar se transforme en una crisis, antes de que la violencia aumente y antes de que niños y adolescentes terminen expuestos al crimen organizado, según explicó la autoridad durante la presentación de la iniciativa.
Y las cifras ayudan a explicar la urgencia.
Las Oficinas Locales de la Niñez registraron un incremento de 42% en su demanda durante el último año. Actualmente han atendido a 187.449 niños, mientras otros 5.788 esperan ingresar al sistema.
En paralelo, aproximadamente 5.000 menores permanecen en residencias de protección, 599 de ellos con menos de cuatro años de edad. A esto se suma una realidad especialmente sensible: 1.729 niños y adolescentes esperan actualmente una atención de psiquiatría infantil y adolescente.
Llegar antes de la vulneración
La primera parte de la estrategia pone el acento en la prevención.
Uno de sus componentes será el programa Triple P de Parentalidad Positiva, modelo aplicado internacionalmente que entrega herramientas de crianza a padres, madres y cuidadores. La primera etapa contempla 2.700 familias y la meta es dejar instalada capacidad para alcanzar a unas 25 mil.
Paralelamente, Chile Crece Contigo recibirá un incremento presupuestario de $1.900 millones, permitiendo ampliar su cobertura en al menos 40 comunas y alcanzar un total de 87.
El Gobierno plantea además una hoja de ruta para extender progresivamente el acompañamiento del subsistema hasta los 18 años.
Otra línea especialmente relevante apunta a prevenir el ingreso de menores a estructuras delictuales.
A través del Programa Lazos y en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, se proyecta una estrategia interministerial dirigida a niños y adolescentes de entre 10 y 17 años que presentan factores de riesgo asociados a actividades delictivas.
Residencias bajo amenaza
Pero probablemente uno de los antecedentes más complejos del diagnóstico está relacionado con la situación de las residencias.
El Gobierno reconoce que, de las 253 residencias existentes en el sistema de protección, cerca de 20 estarían actualmente amenazadas por redes de explotación sexual y crimen organizado.
Para enfrentar esa situación se anunció un proyecto de ley que ingresaría durante septiembre y que permitirá establecer un régimen de protección reforzada, incorporando controles de ingreso y salida, incautación de drogas y armas, vigilancia remota, patrullajes focalizados y mecanismos destinados a proteger la identidad de víctimas y denunciantes.
Menos residencias y más familias
Otra apuesta será reducir la institucionalización de los niños más pequeños.
El programa “Crecer en Familia”, actualmente implementado como piloto en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía, permitió durante este año que 81 niños de entre cero y tres años dejaran residencias para integrarse a modalidades familiares de cuidado.
La estrategia será extendida a todo el territorio nacional durante 2026 y contempla mejorar los procesos de evaluación, además de reforzar el respaldo económico, técnico y psicosocial para las familias de acogida.
El Ejecutivo también comprometió avanzar hacia la eliminación de la lista de espera para programas especializados en explotación sexual. Al término del primer semestre de 2026, 192 niños se encontraban esperando ingresar a estos programas, brecha que comenzaría a reducirse desde 2027 con nuevas plazas en distintas regiones.
Salud mental, seguridad y fiscalización
La salud mental aparece igualmente como uno de los puntos críticos.
El plan establece priorizar la atención sanitaria de los niños que permanecen institucionalizados, considerando que actualmente 1.729 esperan atención psiquiátrica infantil o adolescente.
También se busca fortalecer el sistema de auditoría y control financiero de las residencias y elevar sus estándares de seguridad.
Durante 2026 deberán entrar en funcionamiento cuatro protocolos nacionales relacionados con prevención y manejo del riesgo suicida, violencia entre pares, ingreso de menores bajo efectos de alcohol u otras sustancias y cadena de custodia de objetos ilícitos.
Más allá del anuncio, el desafío estará en la implementación.
Porque detrás de cada una de estas cifras no existe solamente una lista de espera, una residencia o un expediente administrativo. Hay niños y adolescentes para quienes llegar tarde puede significar que una vulneración que pudo prevenirse termine transformándose en una historia mucho más difícil de reparar.
