Cristian Cabezas renuncia a la Seremi del Trabajo tras 120 días marcados por denuncias y controversias
El profesor de lenguaje permaneció menos de cuatro meses al frente de la cartera regional. Su gestión estuvo marcada por dos denuncias por presunto acoso y maltrato laboral, cuestionamientos por actividades religiosas y promoción de su libro personal en espacios públicos, una alta exposición en las redes institucionales, un viaje sin agenda oficial conocida y una creciente confrontación con la ANEF.
Cristian Cabezas Mundaca presentó su renuncia al cargo de secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, de acuerdo con antecedentes conocidos por este medio, poniendo término a una breve gestión marcada por denuncias, investigaciones administrativas y cuestionamientos políticos y gremiales.
Cabezas se incorporó oficialmente al cargo el 30 de marzo de 2026, mediante el Decreto Afecto N.º 47. Considerando como fecha de término este lunes 27 de julio, permaneció 120 días calendario al frente de la cartera regional. Al cierre de esta edición, el registro de sujetos pasivos de la Ley del Lobby todavía no incorporaba una fecha de término y continuaba mostrándolo con permanencia “indefinida”, por lo que se encontraba pendiente su actualización administrativa.
La salida se produce después de semanas en que la Seremi del Trabajo dejó de estar asociada principalmente a la discusión sobre desempleo, informalidad y derechos laborales, para convertirse en el centro de una crisis que involucró a funcionarias denunciantes, asociaciones gremiales, organismos dependientes del Ministerio del Trabajo y autoridades regionales.
Dos denuncias por presunto acoso y maltrato laboral
La principal controversia se inició con la presentación de dos denuncias por presuntos hechos de maltrato y acoso laboral contra Cabezas.
Los antecedentes conocidos indican que una de las denunciantes pertenece a la Seremi del Trabajo y la otra estaría vinculada al Instituto de Seguridad Laboral, ISL. El Gobierno confirmó públicamente en junio la existencia de ambos procedimientos y señaló que una de las presentaciones continuaría su tramitación conforme a la Ley Karin, mientras que la Subsecretaría del Trabajo instruyó una investigación administrativa por los demás antecedentes.
Los procedimientos permanecían en desarrollo al momento de producirse la salida de la autoridad. Por ello, no existe hasta ahora una resolución administrativa o judicial pública que establezca la responsabilidad de Cabezas en los hechos denunciados.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Tarapacá, cuestionó que el seremi continuara ejerciendo sus funciones mientras las investigaciones seguían abiertas. El gremio sostuvo que su permanencia podía afectar el ambiente interno, aumentar la desigualdad entre las partes y provocar una eventual revictimización de las funcionarias denunciantes.
El 6 de julio, la organización se declaró en estado de alerta y solicitó a la Subsecretaría del Trabajo y a la Contraloría evaluar la suspensión temporal de Cabezas mientras se desarrollaban las indagatorias. ANEF pidió, además, medidas de protección para las denunciantes y garantías para que los procedimientos se realizaran sin presiones.
Cultos y visitas de pastores al interior del servicio
A las denuncias laborales se sumaron cuestionamientos por actividades religiosas desarrolladas dentro de las dependencias de la Seremi del Trabajo.
Una presentación ingresada ante la Contraloría solicitó investigar un desayuno efectuado el 11 de mayo, entre las 08:00 y las 10:00 horas, con la participación de pastores y representantes de organizaciones evangélicas. Según los antecedentes incluidos en la denuncia, el encuentro habría finalizado con una actividad de carácter religioso en el interior del servicio.
También se cuestionó una reunión realizada el 28 de mayo con una delegación de pastores extranjeros. Fotografías difundidas inicialmente por las propias plataformas institucionales mostraban a los participantes en las oficinas de la Seremi, donde también se habrían entregado ejemplares del libro escrito por Cabezas.
Las presentaciones solicitaron aclarar quién convocó las actividades, si funcionarios fueron instruidos para participar y si se utilizaron horas de trabajo, instalaciones, personal, alimentación, equipamiento o recursos comunicacionales del Estado.
La discusión no se centró en la libertad religiosa de los participantes, sino en determinar si las dependencias y recursos de una institución pública fueron utilizados para desarrollar actividades ajenas a las funciones que la ley entrega a la Seremi del Trabajo.
Parte de las publicaciones que mostraban estos encuentros habría sido eliminada posteriormente de las redes institucionales. Esa circunstancia motivó solicitudes para que los registros digitales, fotografías, videos, correos y documentos relacionados fueran conservados y entregados a los organismos fiscalizadores.
Gastos y uso de recursos públicos bajo investigación
Las actividades realizadas al interior del servicio también abrieron interrogantes sobre el eventual uso de recursos públicos.
Hasta ahora no se ha conocido una rendición, orden de compra o documento presupuestario que permita establecer quién financió la alimentación, los materiales, la preparación de los encuentros o los ejemplares entregados durante las reuniones.
La ausencia de documentación pública no permite concluir que existió un perjuicio fiscal. Sin embargo, sí hace necesario determinar si los gastos fueron asumidos personalmente por los participantes, financiados por terceros o cargados directa o indirectamente al presupuesto de la institución.
La investigación deberá precisar igualmente si funcionarios trabajaron en la coordinación, cobertura comunicacional o preparación de actividades que no estuvieran relacionadas con los objetivos institucionales de la cartera.
ANEF incorporó el eventual mal uso de recursos públicos entre los fundamentos de sus emplazamientos y pidió que Contraloría y la Subsecretaría del Trabajo esclarecieran los hechos. El gremio sostuvo que la probidad debía traducirse en decisiones concretas y no limitarse al discurso institucional.
La entrega de su libro personal como seremi
Otro de los episodios que generó cuestionamientos fue la promoción del libro escrito por Cabezas, titulado Jesús y Educación: La necesidad de Dios en la educación chilena.
Durante diferentes reuniones efectuadas en dependencias de la Seremi, la autoridad habría entregado ejemplares de la publicación a pastores, dirigentes y personas que participaron en actividades organizadas o difundidas por el servicio.
La controversia se concentró en establecer si los libros fueron entregados como obsequios personales o institucionales, quién financió los ejemplares y si la autoridad utilizó su cargo, las dependencias públicas, el trabajo de funcionarios o las plataformas comunicacionales del organismo para promover una obra de su propiedad.
Una segunda denuncia ante Contraloría solicitó investigar una actividad efectuada el 25 de mayo, cerca de las 16:00 horas, en dependencias de la Universidad Arturo Prat, vinculadas al Archivo Regional de Tarapacá.
En esa oportunidad, Cabezas habría entregado un ejemplar de su libro presentándose en su calidad de seremi del Trabajo. La presentación pidió establecer si existió una invitación institucional, si la actividad formaba parte de su agenda oficial y si para concurrir se utilizaron jornada laboral, movilización, personal o recursos públicos.
También se solicitó aclarar bajo qué modalidad fue recibido el ejemplar y si su incorporación al Archivo Regional correspondió a una donación personal o a una actividad oficial de la Seremi.
El cuestionamiento no está dirigido al contenido religioso o educativo del texto, sino al eventual uso de la investidura pública para posicionar una publicación privada. No existe todavía un pronunciamiento de Contraloría que establezca una infracción en este caso.
De una cuenta institucional a una vitrina personal
La gestión de Cabezas también estuvo acompañada por una alta exposición en las redes sociales de la Seremi del Trabajo.
Las publicaciones institucionales mostraron de manera reiterada a la autoridad participando en ceremonias, reuniones protocolares, encuentros con organizaciones y actividades de distinta naturaleza. Entre los registros conservados por este medio se encuentra su participación en un desfile de moda, actividad cuya relación directa con las competencias laborales y previsionales del organismo deberá ser explicada.
La frecuencia y el enfoque de las publicaciones generaron interrogantes sobre si las plataformas estaban siendo utilizadas prioritariamente para informar programas, fiscalizaciones, derechos laborales y beneficios públicos, o si terminaron concentradas en promover la presencia y las actividades personales de la autoridad.
La Contraloría ha establecido que la función pública es ejecutada por la institución y no por la autoridad considerada individualmente. Por ese motivo, la difusión estatal no debe atribuir personalmente a una autoridad las acciones, obras o tareas que corresponden al organismo público.
El ente fiscalizador también ha advertido que incorporar reiteradamente el nombre o la imagen de una autoridad en publicidad y redes institucionales puede representar una utilización de recursos públicos en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales.
En fiscalizaciones efectuadas a gobiernos regionales, Contraloría ordenó que la difusión se concentrara en las actividades de la entidad y no en la cobertura individual de quien la dirige. También objetó el uso de redes institucionales para potenciar cuentas personales o figuras políticas.
La aparición de una autoridad en fotografías oficiales no constituye por sí misma una irregularidad. El problema se produce cuando su imagen deja de ser accesoria a la información y se transforma en el contenido predominante, desplazando al servicio, sus programas, funcionarios y beneficiarios.
La eliminación posterior de algunas publicaciones relacionadas con reuniones religiosas y entrega de libros vuelve relevante recuperar los respaldos digitales para establecer la dimensión que alcanzó la exposición de Cabezas en las plataformas institucionales.
Una licencia médica mantenida bajo reserva
Otro episodio de su gestión fue la licencia médica presentada entre el 29 de mayo y el 6 de junio, periodo durante el cual Cabezas permaneció ausente de sus funciones durante nueve días calendario.
Los antecedentes clínicos, el diagnóstico y las características específicas del procedimiento se mantuvieron bajo reserva, como corresponde a información personal y sensible protegida por la legislación.
Sin embargo, según antecedentes conocidos por este medio, el propio seremi habría señalado previamente que debía someterse a una intervención de carácter ambulatorio.
Aquella referencia no permite realizar conclusiones sobre su estado de salud, el tratamiento recibido o la extensión de la licencia. Periodísticamente, el elemento relevante se limita al periodo de ausencia, la forma en que se aplicó la subrogancia y los efectos que tuvo en la conducción de una institución que ya enfrentaba denuncias internas.
Una vez finalizado el reposo, Cabezas regresó a sus funciones. La Subsecretaría del Trabajo manifestó que su reincorporación no alteraba ni modificaba los procedimientos administrativos que se encontraban en curso.
Su retorno provocó una nueva reacción de la ANEF, que insistió en solicitar su separación temporal para evitar una eventual afectación a las denunciantes y al resto de los funcionarios.
Un viaje a Concepción y el cierre de la oficina regional
A las controversias anteriores se agregó el viaje que Cabezas habría realizado a Concepción entre el 15 y el 19 de julio, acompañado por su asistente.
Hasta ahora no se ha exhibido documentación administrativa que permita acreditar que el traslado correspondiera a una comisión de servicio, una actividad ministerial o una agenda oficial autorizada por la Subsecretaría del Trabajo.
Tampoco se conocen decretos de cometido funcionario, resoluciones de comisión, solicitudes de viáticos, compras de pasajes, agendas institucionales, invitaciones formales o informes posteriores que permitan establecer la existencia de actividades oficiales durante esos cinco días.
La falta de esos antecedentes ha dado origen a la hipótesis de que el viaje pudo tener fines personales. No obstante, esa conclusión deberá ser confirmada mediante la revisión de la documentación institucional y de los permisos utilizados tanto por la autoridad como por su asistente.
El traslado coincidió con el cierre de las dependencias de la Seremi del Trabajo durante el viernes 17 de julio, pese a tratarse de un día hábil.
Según los antecedentes recabados, ese día no habría existido personal disponible para atender público ni una subrogancia presencial que permitiera mantener operativa la oficina. La situación habría impedido realizar consultas, ingresar documentación o recibir orientación directamente en las dependencias regionales.
La investigación deberá establecer por qué la ausencia de dos personas habría sido suficiente para mantener cerrada una repartición pública, cuántos funcionarios debían cumplir labores presenciales ese día y qué medidas se adoptaron para garantizar la continuidad del servicio.
También deberá precisarse si las reuniones que Cabezas habría sostenido en Concepción se realizaron con autoridades municipales, dirigentes políticos o representantes religiosos, y en qué calidad participó en ellas.
Cuestionamientos en la primera Mesa Regional por el Empleo
La crisis alcanzó uno de sus momentos más visibles el 21 de julio, durante la constitución de la Mesa Regional por el Empleo de Tarapacá.
La instancia, encabezada por la delegada presidencial regional Adriana Tapia y articulada por la Seremi del Trabajo, debía reunir a organismos públicos, empresas, municipios y organizaciones sindicales para abordar el desempleo y las medidas contempladas en el Plan Nacional de Empleo 2026.
Sin embargo, la actividad quedó marcada por los cuestionamientos contra Cabezas.
Durante su exposición y el posterior contacto con los medios, el seremi enfrentó preguntas sobre las cifras regionales de empleo y desocupación. Sus respuestas fueron consideradas imprecisas y reforzaron las críticas sobre su manejo técnico y comunicacional de los indicadores que debía encabezar como autoridad laboral.
La situación aumentó la tensión debido a que se trataba de una de las primeras actividades públicas de una mesa creada precisamente para articular respuestas frente a uno de los principales problemas económicos de Tarapacá.
ANEF cuestionó su validez como interlocutor
En medio de la ceremonia, el presidente regional de la ANEF, Patricio Llerena, intervino desde el público y cuestionó que Cabezas continuara hablando en representación del Gobierno sobre empleo decente mientras enfrentaba denuncias por presunto maltrato laboral y cuestionamientos por probidad.
El dirigente sostuvo que la permanencia del seremi debilitaba su legitimidad como interlocutor frente a los trabajadores y emplazó directamente a la delegada presidencial para que el Ejecutivo adoptara una decisión política.
La intervención alteró el desarrollo previsto de la ceremonia y trasladó la crisis interna de la Seremi a una actividad oficial ante autoridades, empleadores, dirigentes y medios de comunicación.
La delegada presidencial respondió que correspondía respetar el debido proceso y que las investigaciones estaban siendo desarrolladas por los organismos competentes.
Ese mismo día, ANEF emitió un segundo comunicado en el que afirmó que la situación “ya no resiste más” y exigió la separación inmediata de Cabezas, el resguardo integral de las denunciantes y un pronunciamiento de las autoridades nacionales y regionales.
El director regional del ISL salió en defensa de Cabezas
La controversia se amplió durante la tarde del 21 de julio, cuando el director regional del Instituto de Seguridad Laboral, Rodrigo Bello, intervino desde su cuenta de Instagram en una publicación de Radio Paulina relacionada con lo ocurrido en la Mesa Regional por el Empleo.
El perfil desde el que escribió lo identificaba como director regional del ISL Tarapacá. En sus mensajes, Bello calificó la actuación de la ANEF como “proselitismo político”, sostuvo que los hechos eran exagerados “para darle noticia” y cuestionó al presidente regional del gremio.
El director también afirmó que existiría una denuncia contra Patricio Llerena por presunto maltrato a otra funcionaria. Posteriormente, hizo referencias a una supuesta relación de amistad y cercanía política entre el dirigente y una de las denunciantes, llegando a señalar que sus hijos asistirían al mismo colegio.
Los dichos abrieron interrogantes sobre la eventual divulgación de información reservada, el origen de los antecedentes mencionados y el posible riesgo de exposición o revictimización de las personas involucradas.
Los registros disponibles indican que los comentarios fueron publicados durante la tarde del 21 de julio. Horas después, la cuenta desde la cual fueron emitidos dejó de estar disponible.
Consultado por el medio, Bello declinó profundizar en sus afirmaciones y señaló que podía mantener una opinión personal.
La Dirección Nacional del ISL se desmarcó
La intervención de Bello provocó un problema adicional dentro de los organismos dependientes del Ministerio del Trabajo.
Posteriormente, la Dirección Nacional del ISL emitió una declaración en la que se desmarcó de las expresiones del director regional y precisó que correspondían a opiniones personales que no representaban la posición institucional del servicio.
El pronunciamiento significó una desautorización pública a Bello, cuya cuenta no solo lo identificaba por su nombre, sino que también exhibía su cargo como director regional del organismo.
La situación abrió cuestionamientos respecto del deber de prescindencia, el uso de redes sociales por autoridades, la reserva de las denuncias laborales y la posibilidad de que un jefe regional interviniera públicamente en una controversia que involucraba a una funcionaria vinculada al propio ISL.
También permanece pendiente establecer si el organismo inició una investigación interna, solicitó eliminar los comentarios o adoptó medidas para proteger a las personas mencionadas.
Una salida que no pone término a las investigaciones
La renuncia de Cristian Cabezas pone fin a una de las gestiones más breves del gabinete regional instalado en marzo, pero no extingue los procedimientos administrativos ni las presentaciones ingresadas ante Contraloría.
Las investigaciones deberán determinar si existieron hechos constitutivos de acoso o maltrato laboral, eventuales vulneraciones a la Ley Karin, utilización improcedente de instalaciones o recursos públicos, promoción personal mediante plataformas institucionales o incumplimientos administrativos relacionados con el viaje a Concepción.
También deberán esclarecerse las actuaciones del director regional del ISL, las medidas adoptadas para proteger a las denunciantes y las razones por las que la crisis se prolongó durante varias semanas sin una resolución política anterior.
La nueva autoridad que asuma la conducción de la Seremi tendrá como primer desafío recuperar la confianza de los funcionarios, restablecer la relación con las organizaciones sindicales y devolver el foco institucional a los problemas de empleo, informalidad, seguridad laboral y previsión social que afectan a Tarapacá.
