13, noviembre 2026
Por: Rodrigo A. Longa T.
El Informe Final N.º 660 de 2026 reveló grietas en estructuras de hormigón, armaduras oxidadas, ensayos de calidad deficientes y graves falencias en la fiscalización municipal. La obra, financiada con más de $1.204 millones del Gobierno Regional de Tarapacá, fue recibida sin observaciones en noviembre de 2025. Contraloría anunció un procedimiento disciplinario y un reparo por más de $60 millones.
Una serie de graves irregularidades en la construcción, supervisión y recepción del Skate Park de Playa Brava quedó al descubierto tras la publicación del Informe Final de Investigación Especial N.º 660, emitido el 12 de noviembre por la Contraloría Regional de Tarapacá.
La fiscalización, que examinó la totalidad del contrato por $1.204.276.706, financiado mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), identificó deficiencias constructivas, incumplimientos de calidad, pagos sin respaldo documental suficiente y debilidades en la fiscalización ejercida por la Municipalidad de Iquique.
La obra fue adjudicada a la empresa Celpa SpA en agosto de 2024 y contemplaba la reposición de la infraestructura deportiva ubicada en el borde costero de la ciudad.
Sin embargo, uno de los antecedentes más relevantes es que el proyecto fue recibido provisionalmente por el municipio el 28 de noviembre de 2025, sin observaciones, y habilitado para el uso público en diciembre de ese mismo año. Apenas unos meses después, el 10 de febrero de 2026, Contraloría recibió una denuncia que advertía sobre el deterioro prematuro de las instalaciones.
Grietas, hormigón deteriorado y dudas sobre la seguridad
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra el estado de diversos elementos de hormigón de la infraestructura.
Durante las inspecciones realizadas en mayo y julio de 2026, el organismo fiscalizador constató grietas verticales pasantes en muros de contención, fisuras en superficies curvas, deterioro de juntas, pérdida de recubrimiento y armaduras metálicas expuestas con evidencias de oxidación.
También se detectaron problemas de calidad superficial del hormigón, porosidades y desprendimientos de material, situaciones que comprometen las condiciones de calidad y durabilidad exigidas para este tipo de infraestructura.
Las observaciones no se limitaron a defectos visibles. La investigación identificó incumplimientos en ensayos de laboratorio realizados durante la construcción.
Por ejemplo, un ensayo de resistencia del hormigón de un muro de contención arrojó un resultado de 29 MPa, inferior a los 30 MPa exigidos por el proyecto. Asimismo, una prueba de compactación de la base del bowl registró un 84%, por debajo del mínimo de 90% establecido en el plan de ensayos aprobado por la Inspección Técnica de Obras.
Frente a estos antecedentes, Contraloría ordenó a la Municipalidad de Iquique presentar, dentro de 30 días hábiles desde la recepción del informe, una evaluación suscrita por un ingeniero civil estructural o profesional competente que determine si las deficiencias detectadas afectan la estabilidad, seguridad, durabilidad o aptitud para el servicio de las instalaciones.
La exigencia adquiere especial relevancia considerando que el recinto fue entregado a la comunidad como un espacio para la práctica deportiva.
No obstante, el informe no establece que la infraestructura sea actualmente insegura, sino que exige una evaluación técnica para determinar el alcance de los problemas detectados.
Más de $60 millones por retiro de escombros sin acreditación suficiente
Otro de los hallazgos relevantes se relaciona con recursos públicos destinados al retiro y disposición final de escombros.
Contraloría cuestionó pagos por $60.417.256, debido a que la Municipalidad de Iquique no logró acreditar suficientemente la ejecución de las partidas ni demostrar que los residuos fueran trasladados a un lugar de disposición final autorizado.
Según el informe, en sus descargos la municipalidad sostuvo que los trabajos habían sido ejecutados, revisados y aprobados por la Inspección Técnica de Obras, acompañando fotografías como respaldo.
Además, señaló que la disposición de los escombros en el vertedero de Alto Hospicio habría contado con una autorización verbal del inspector técnico.
Sin embargo, el organismo fiscalizador consideró insuficientes dichos antecedentes, señalando que las imágenes no acreditaban el cumplimiento de las exigencias contractuales y que la autorización verbal carecía del respaldo documental necesario.
Por esta razón, Contraloría anunció que formulará un reparo por $60.417.256, procedimiento destinado a establecer las responsabilidades patrimoniales que correspondan respecto de fondos públicos cuyo gasto no fue debidamente acreditado.
El hallazgo no constituye, por sí solo, una acreditación de que los escombros no fueron retirados, sino que evidencia la falta de antecedentes suficientes para respaldar los pagos efectuados.
Municipio devolvió otros $60 millones sin acreditar todos los requisitos
La investigación también cuestionó la devolución de retenciones por $60.213.835 a la empresa contratista, realizada mediante el estado de pago N.º 9, de diciembre de 2025.
Contraloría determinó que dicha devolución se efectuó sin acreditar el cumplimiento de todos los requisitos documentales exigidos para la recepción provisoria de la obra.
Entre los antecedentes faltantes o incompletos se identificaron documentos relacionados con la recepción de pavimentos y el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales.
Ante esta situación, el organismo fiscalizador instruyó a la Municipalidad de Iquique presentar la documentación correspondiente dentro del plazo de 30 días hábiles. En caso de no acreditar el cumplimiento de las obligaciones exigidas, deberá determinar y descontar los montos que correspondan en la liquidación final del contrato.
Es importante precisar que esta observación es distinta del reparo por retiro de escombros y no implica que la totalidad de las retenciones devueltas haya sido declarada como pérdida patrimonial definitiva.
Fallas en la fiscalización municipal
Más allá de las deficiencias constructivas y financieras, el informe cuestiona directamente los mecanismos de supervisión implementados por la Municipalidad de Iquique durante el desarrollo del proyecto.
Contraloría estableció que la Inspección Técnica de Obras (ITO) no ejerció una fiscalización suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y contractuales.
Entre las irregularidades detectadas figuran pagos aprobados sin disponer de todos los ensayos exigidos, registros incompletos en los libros de obras, garantías que no cumplían los requisitos contractuales y modificaciones ejecutadas antes de contar con su aprobación formal.
La investigación también identificó inconsistencias en los antecedentes técnicos del proyecto, incluyendo la ausencia de determinados documentos de cálculo estructural referenciados en las especificaciones de la obra.
El informe advierte que estas deficiencias debilitaron los mecanismos de control y limitaron la capacidad municipal para detectar y corregir oportunamente los incumplimientos durante la construcción.
Cabe recordar que el Gobierno Regional de Tarapacá financió la iniciativa, mientras que la Municipalidad de Iquique asumió su gestión y supervisión técnica mediante un convenio mandato.
Contraloría anuncia procedimiento disciplinario
Debido a la gravedad y multiplicidad de las irregularidades constatadas, la Contraloría General de la República anunció el inicio de un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en la formulación, ejecución, fiscalización y recepción del proyecto.
Asimismo, exigió al municipio implementar medidas para fortalecer sus procedimientos de control sobre futuras obras públicas.
El organismo también observó deficiencias en los planos definitivos de la infraestructura, correspondientes a una partida pagada por $785.400, cuya correcta ejecución deberá acreditarse o, en caso contrario, restituirse el monto observado, debidamente reajustado.
Las conclusiones del informe fueron emitidas después de que el municipio presentara sus descargos en septiembre de 2026, antecedentes que no permitieron subsanar las principales observaciones formuladas por el organismo fiscalizador.
Una obra millonaria bajo cuestionamiento
El caso plantea interrogantes sobre la eficiencia de los mecanismos de control de las inversiones públicas y las responsabilidades asociadas a la recepción de infraestructura destinada a la comunidad.
El Skate Park de Playa Brava fue presentado como un espacio de encuentro y desarrollo deportivo para Iquique. Sin embargo, menos de un año después de su habilitación, enfrenta cuestionamientos por su calidad constructiva, por el respaldo de determinados pagos y por el funcionamiento de la fiscalización municipal.
Ahora, las principales interrogantes apuntan a determinar si la infraestructura reúne las condiciones necesarias de seguridad, qué medidas correctivas deberán ejecutarse, quién asumirá los costos de eventuales reparaciones y cuáles serán las responsabilidades administrativas que establezca el procedimiento anunciado por Contraloría.
El desafío para las instituciones involucradas no será solamente responder a las observaciones del organismo fiscalizador, sino también garantizar que los recursos públicos invertidos se traduzcan en una infraestructura segura, durable y adecuada para los deportistas de Iquique.
