16, noviembre 2026
Por: Rodrigo A. Longa T.
«Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder».
Montesquieu — El espíritu de las leyes (1748).
Una carretera bloqueada puede paralizar el transporte, interrumpir el abastecimiento y obligar a un Gobierno a sentarse a negociar. Pero hay algo que resulta mucho más difícil de recuperar una vez que comienza a deteriorarse: la confianza ciudadana. Y esa, precisamente, parece ser la principal factura que hoy enfrenta la administración del presidente José Antonio Kast.
La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a noviembre de 2026, entrega cifras que merecen algo más que una lectura apresurada. Apenas un 27% aprueba la conducción presidencial, mientras un 69% la desaprueba. Son números preocupantes, aunque quizás el verdadero problema no esté en los porcentajes, sino en lo que revelan: una creciente distancia entre las decisiones del poder y las expectativas de quienes deben vivir con sus consecuencias.
El Gobierno llegó a La Moneda prometiendo orden, seguridad, crecimiento y capacidad de gestión. Sin embargo, los últimos acontecimientos han puesto a prueba precisamente esos compromisos. Primero, la controversia por las rebajas de condenas asociadas a la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Luego, el paro de camioneros y las negociaciones sobre el precio de los combustibles. Dos conflictos distintos en su naturaleza, pero unidos por una pregunta que comienza a adquirir especial relevancia: ¿está el Ejecutivo anticipando los problemas o simplemente reaccionando cuando estos ya se han convertido en crisis?
El caso Rabat resulta especialmente delicado. Las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, junto con los cuestionamientos por beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, abrieron una controversia que trascendió rápidamente las fronteras del Ministerio de Justicia. El ministro ha defendido los fundamentos jurídicos de sus actuaciones, mientras la oposición presentó una acusación constitucional cuya resolución corresponde a las instituciones competentes.
Pero existe una diferencia fundamental entre determinar responsabilidades jurídicas y exigir responsabilidades políticas. La primera demanda un examen de las normas y los antecedentes. La segunda obliga a responder por las decisiones adoptadas, sus consecuencias y la confianza depositada en quienes ejercen cargos públicos.
El propio Presidente reconoció que las rebajas cuestionadas constituyeron un error de su Gobierno, aunque decidió mantener a Rabat en el cargo. Aquella determinación tampoco pasó inadvertida para la ciudadanía: a comienzos de noviembre, un 70% rechazaba la decisión presidencial de mantener al ministro. Y en la medición del 8 de noviembre, las rebajas de condenas aparecían entre las principales razones de desaprobación a Kast, con un 43%, prácticamente al mismo nivel que las preocupaciones por crecimiento y desempleo, con un 42%.
El debate, por tanto, no puede reducirse a una disputa entre oficialismo y oposición. Tampoco corresponde convertir una acusación constitucional en una condena anticipada. Lo que está en discusión es algo más profundo: la responsabilidad de un Gobierno cuando sus decisiones afectan materias tan sensibles como la justicia, los derechos de las víctimas y la credibilidad institucional.
Mientras esa controversia seguía abierta, las carreteras se convirtieron en el escenario de otra crisis. El paro de camioneros logró instalar con enorme fuerza el problema del precio de los combustibles. Según Cadem, un 86% consideró justificada la movilización y un 79% respaldó el paro como mecanismo de presión. Incluso un 64% manifestó estar de acuerdo con los bloqueos de carreteras.
El acuerdo alcanzado permitió anunciar rebajas y congelamientos de precios ampliamente respaldados por los encuestados. Es legítimo reconocer ese resultado. Sin embargo, también corresponde preguntarse por qué fue necesario llegar a una paralización para concretar medidas que buscaban aliviar costos conocidos desde meses anteriores.
La respuesta ciudadana es particularmente reveladora: un 84% considera que el Gobierno debió actuar antes de que el conflicto llegara a las carreteras, y un 77% cree que los recursos debieron destinarse en marzo, antes del llamado bencinazo, y no esperar hasta noviembre.
No se trata de negar las dificultades presupuestarias ni de suponer que todos los problemas económicos pueden resolverse mediante una decisión administrativa. Se trata de examinar la capacidad de anticipación, una de las responsabilidades esenciales de cualquier Gobierno. Porque resolver una crisis es importante, pero evitar que alcance proporciones nacionales también forma parte de gobernar.
Hay, además, un dato que debería abrir una reflexión incómoda sobre la equidad de las respuestas del Estado. El 77% de los encuestados cree que los camioneros obtuvieron beneficios que otros sectores de la sociedad difícilmente podrían conseguir. Y el 65% considera que este gremio dispone de más beneficios que el resto de la población.
La pregunta resulta inevitable: ¿debe la capacidad de paralizar una carretera convertirse en una ventaja para obtener respuestas del Estado?
Pensemos en los adultos mayores que enfrentan pensiones insuficientes, en los trabajadores preocupados por conservar sus empleos, en los pequeños comerciantes que sobreviven al aumento de sus costos o en las familias que deben decidir qué gastos postergar al finalizar el mes. Sus necesidades no son menos urgentes, aunque carezcan de la capacidad de presión de un gremio estratégico.
Desde regiones como Tarapacá, donde las distancias, el transporte y el abastecimiento forman parte de la vida económica cotidiana, esta discusión adquiere especial importancia. El precio de los combustibles no afecta solamente a quienes conducen camiones: también influye en la actividad comercial, los desplazamientos y los costos que finalmente enfrentan los consumidores.
El panorama económico que refleja la encuesta tampoco invita a la tranquilidad. Un 91% evalúa negativamente la situación del empleo y un 83% hace lo propio con la capacidad de consumo. Son percepciones, no sustitutos de las estadísticas oficiales, pero muestran la magnitud de la preocupación ciudadana.
A ello se suma una interrogante fiscal. Las medidas comprometidas con los camioneros representan, según las cifras presentadas por Cadem, un costo estimado de entre 500 y 900 millones de dólares. Frente a ese escenario, un 45% cree que el Estado deberá reducir o postergar otros gastos para financiarlas, mientras un 35% considera que simplemente no dispone de recursos suficientes.
¿Quién pagará finalmente esa factura? ¿Qué programas podrían postergarse? ¿Qué criterios determinarán qué demandas reciben financiamiento y cuáles deberán seguir esperando? Son preguntas legítimas que merecen respuestas transparentes, más allá de la satisfacción inmediata que pueda generar un acuerdo.
Quizás el dato políticamente más significativo de toda la encuesta sea otro: un 24% declara que le gusta el presidente Kast, pero considera que ha realizado un mal Gobierno. Es decir, existe un sector que mantiene simpatía personal por el Mandatario, pero no encuentra en su gestión los resultados esperados.
Esto demuestra que la confianza política no constituye un cheque en blanco. Se puede respaldar a una persona y cuestionar sus decisiones. Se puede valorar una rebaja de combustibles y rechazar la manera en que fue gestionada. Se puede reconocer la necesidad de reformas y, simultáneamente, exigir explicaciones cuando sus consecuencias generan controversia.
Montesquieu comprendió que el poder necesita límites y contrapesos. En una democracia moderna, esos límites no se expresan únicamente en la Constitución, los tribunales o el Congreso. También se manifiestan en una ciudadanía que observa, cuestiona y exige rendición de cuentas.
La encuesta no demuestra que todos los problemas del Gobierno tengan una misma causa, ni que el caso Rabat explique por sí solo la caída presidencial. Pero sí permite observar un desgaste que atraviesa distintas áreas de la administración: justicia, economía, negociación social y confianza política.
El desafío del Ejecutivo no consiste solamente en recuperar algunos puntos de aprobación. Consiste en explicar sus decisiones, reconocer oportunamente los errores, anticipar los conflictos y demostrar que los criterios del Estado no dependen exclusivamente de quién tenga mayor capacidad para ejercer presión.
Porque un Gobierno puede conseguir que los camiones abandonen las carreteras, pero eso no significa que haya recuperado la confianza de los ciudadanos. Puede mantener a un ministro en su cargo, pero esa decisión no resuelve automáticamente las preguntas sobre su responsabilidad. Y puede anunciar beneficios económicos, pero estos difícilmente bastarán mientras tantas familias sigan preocupadas por el empleo y su capacidad de llegar a fin de mes.
La responsabilidad de gobernar no empieza cuando estalla una crisis ni termina cuando se firma un acuerdo. Se demuestra, sobre todo, en la capacidad de evitar que los errores se repitan y que las soluciones lleguen siempre después del daño.
Porque las carreteras pueden despejarse en una noche. Recuperar la confianza de un país es bastante más difícil que eso.





